Proyecto de amnistía busca poner fin a la persecución penal de Pedro Castillo y de los procesados por protestar desde 2021

A pocas semanas de cumplirse cuatro años de la detención de Pedro Castillo, la Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley que propone una salida política a la crisis que estalló en diciembre de 2022. Se trata del proyecto 00719-2026-2031-CD, presentado por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La propuesta cuenta con 43 coautores: otros 29 diputados de Juntos por el Perú y 14 del Partido Cívico Obras. Entre ellos figura también César Holguín, de Ahora Nación.

Qué propone

El proyecto plantea dos amnistías. La primera alcanza a quienes participaron en el mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022: en su «elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa». La segunda comprende a los denunciados, investigados, procesados o condenados por las protestas ocurridas desde el 28 de julio de 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la norma.

De aprobarse, se extinguirían la acción penal y la pena, incluso cuando la sentencia aún no esté firme. También quedarían sin efecto los mandatos de detención y de prisión preventiva, las requisitorias y los antecedentes policiales, judiciales y penales vinculados a esos hechos.

El principal beneficiado sería Castillo, condenado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión. La misma sentencia impuso igual pena a Betssy Chávez, hoy asilada en México, y a Willy Huerta, y 6 años y 8 meses a Aníbal Torres. A Huerta y a Torres se les suspendió la ejecución de la pena hasta la revisión en segunda instancia.

La ONU y la detención arbitraria

Los autores sustentan la iniciativa en la Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que consideró arbitraria la privación de libertad de Castillo.

El texto sostiene que el Estado mantiene una persecución penal de carácter político contra dos grupos. Por un lado, quienes acompañaron el mensaje presidencial. Por otro, miles de ciudadanos del sur andino procesados por salir a protestar, en su mayoría campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales.

Entre los casos citados en el anexo figura el de cuatro comuneros de Cuyo Grande, en Cusco, presos desde el 31 de enero de 2023 con penas de entre seis y siete años por lanzar piedras a un ómnibus.

Sin impunidad para los crímenes graves

La propuesta fija límites. Excluye los hechos que causaron muertes o lesiones graves dolosas, la violencia sexual, el secuestro, la tortura, la trata, el uso de armas de fuego o explosivos, el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos de funcionarios.

Tampoco beneficia a policías, militares ni funcionarios por el uso de la fuerza durante las protestas. Su artículo 14 señala que la ley no limita las investigaciones por las muertes en las movilizaciones. Entre el 7 de diciembre de 2022 y el 7 de abril de 2023, la Defensoría del Pueblo registró 67 personas fallecidas en el contexto de la crisis. Según el desglose, 49 eran civiles muertos en enfrentamientos.

La amnistía que sí aprobaron

El proyecto llega en un contexto que no pasa desapercibido. En 2025, el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la Ley 32419, una amnistía para militares, policías y comités de autodefensa procesados por hechos del conflicto armado interno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a los jueces peruanos no aplicarla, y el Tribunal Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Esta semana, el TC informó que ya tomó una decisión, aunque la sentencia todavía no se publica.

Aquella norma fue defendida por sectores de la derecha como un acto de justicia. Ahora, una amnistía que deja fuera los crímenes graves y beneficia a manifestantes enfrenta el rechazo de esos mismos sectores.

Las críticas

El constitucionalista Natale Amprimo sostuvo en El Comercio que su eventual aprobación «enviaría un mal mensaje a la ciudadanía». Recordó que Castillo pretendió cerrar el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Por su parte, la autora del proyecto es investigada por la Comisión de Ética por haber pedido a los trabajadores de su despacho que costearan tarjetas de presentación, cuadros y alimentos, según el mismo diario.

Un camino largo

Aun si la ley se aprueba, Castillo no saldría de inmediato del penal de Barbadillo. El expresidente cumple prisión preventiva hasta el 8 de marzo de 2027 por una investigación por presunta corrupción vinculada a Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.

Con el nuevo Congreso bicameral, la iniciativa deberá superar primero la Cámara de Diputados y luego el Senado, donde las bancadas de derecha concentran la mayoría.

Las preguntas que quedan

Una instancia de la ONU calificó como arbitraria la detención de Castillo. Comuneros cusqueños llevan casi cuatro años presos por lanzar piedras. Y el mismo Estado amnistió a militares y policías procesados por graves violaciones de derechos humanos.

¿Por qué una amnistía es justicia para unos e impunidad para otros? ¿Tendrá el Congreso la voluntad de cerrar las heridas de 2022 o seguirá castigando a quienes salieron a protestar? Deja tu opinión en los comentarios.

---

Fuentes: La República, proyecto de amnistía · El Comercio · Infobae · La República, prisión preventiva · Defensoría del Pueblo, reporte de fallecidos · Gestión, Ley 32419 · Infobae, decisión del TC