Gobierno cambia la legítima defensa: Fiscalía deberá desvirtuar la presunción de racionalidad

El gobierno de Keiko Fujimori modificó las reglas de la legítima defensa para establecer una presunción de racionalidad a favor de quien se defiende, que la Fiscalía deberá desvirtuar. El cambio figura en el Decreto Legislativo 1743, publicado el domingo 8 de noviembre en una edición extraordinaria de El Peruano. Texto oficial.

La norma forma parte de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por noventa días. Lleva las firmas de Fujimori, del premier Luis Galarreta y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. Su publicación incorpora una garantía legal; sus efectos sobre las investigaciones y la seguridad aún deberán comprobarse.

Qué deberá evaluar la Fiscalía

El decreto modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal. La racionalidad del medio utilizado y de su uso debe valorarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y conforme a las circunstancias que existían al momento de la agresión.

El texto excluye el criterio de proporcionalidad de medios para ese requisito y dispone considerar, entre otros factores, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles y los bienes jurídicos protegidos. Eso no elimina la evaluación de los hechos: la agresión debe ser actual, ilegítima y real. Artículo 3 del decreto.

Cuándo corresponde archivar

La modificación del artículo 334 del Código Procesal Penal ordena al fiscal pronunciarse de forma definitiva sobre la posible legítima defensa. Si advierte que concurren conjuntamente los supuestos legales, debe declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria y ordenar el archivo.

Por tanto, invocar defensa propia no equivale por sí solo a obtener el archivo. La propia disposición exige comprobar la concurrencia de los requisitos, y la presunción puede ser desvirtuada por el Ministerio Público.

El límite de la promesa oficial

Toda resolución judicial que descarte la presunción debe contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Una disposición final extiende esa exigencia a los casos que ya se encuentran en trámite, en el extremo referido a la racionalidad del medio empleado.

En una información de El Comercio publicada este martes y reproducida por GDA, el penalista Vladimir Padilla consideró que la modificación podría tener un efecto práctico limitado, porque la evaluación de la racionalidad seguirá dependiendo del criterio fiscal. Información de Martín Calderón.

El Gobierno presenta la reforma como una protección para la ciudadanía. La rendición de cuentas exige observar cómo se aplica: qué investigaciones se archivan, cómo se fundamentan las decisiones y si se respetan las garantías. El decreto, por sí mismo, no acredita una reducción de la delincuencia.

Fuentes: Decreto Legislativo 1743 — El Peruano · El Comercio, vía GDA.

Portada: fotografía original de Dana Terrazas, CC BY-SA 4.0. Archivo de 2018; recortado y reducido, sin generación ni mejora con IA.