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Gobierno de Keiko autoriza a militares a bloquear señales y neutralizar drones en penales en emergencia
La norma publicada hoy regula la intervención excepcional en la seguridad externa de las cárceles. Exige respetar los límites de la emergencia y evitar interferencias en las telecomunicaciones de los alrededores.
Por Jesus Prospero
El gobierno de Keiko Fujimori publicó este domingo 8 de noviembre el Decreto Legislativo 1742, que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de establecimientos penitenciarios declarados en emergencia. La norma contempla inhibidores de señales, control de drones no autorizados, patrullajes y anillos de seguridad, dentro de las competencias y autorizaciones legales correspondientes. Texto oficial.
La disposición, firmada el 7 de noviembre, utiliza las facultades legislativas delegadas por el Congreso. Su publicación introduce un marco legal para estas actuaciones; no acredita que los equipos ya estén instalados ni que se hayan reducido las comunicaciones delictivas desde las cárceles.
Seguridad externa y límites al uso de la fuerza
El decreto comprende el perímetro exterior, vías de acceso, torreones y otros puntos críticos externos. Las actuaciones deben coordinarse con el INPE y la Policía Nacional. La seguridad interna permanece a cargo del INPE, según la definición del artículo 3. Artículos 3 a 5.
Las acciones militares deben respetar los límites de la declaratoria de emergencia y de las disposiciones que autoricen la intervención. El empleo y uso de la fuerza se sujeta al Decreto Legislativo 1095 y su reglamento.

Bloqueo de señales: hay obligaciones con los alrededores
La norma permite instalar y operar inhibidores y detectores de señales para prevenir comunicaciones no autorizadas que comprometan la seguridad penitenciaria. También contempla apoyo para detectar y desmontar antenas o repetidores no autorizados, en coordinación con la PNP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Artículo 5 y disposiciones finales.
La quinta disposición final exige cumplir las condiciones técnicas aplicables y coordinar con el MTC. Además, la entidad que instale y opere los equipos debe evitar y corregir interferencias perjudiciales en los servicios de telecomunicaciones de las zonas exteriores de penales y centros juveniles. El MTC conserva sus funciones de verificación y fiscalización.

Cinco días para definir el ámbito operativo
Dentro de los cinco días calendario siguientes a una declaratoria de emergencia, el INPE, en coordinación con las demás entidades competentes, debe delimitar las zonas de influencia penitenciaria. Esa delimitación se basa en riesgos y criterios técnicos: no puede modificar ni ampliar el ámbito geográfico autorizado por la emergencia. Primera disposición final.
El artículo 7 establece que la implementación se financiará con los presupuestos de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público. El Peruano e Infobae reportaron hoy los alcances de la nueva disposición.
La norma se suma a la prórroga de emergencia en cinco penales ya informada por este medio. Ahora corresponde verificar qué equipos y personal se despliegan, qué resultados producen y cómo se cumplen los límites y las obligaciones técnicas que el propio Gobierno ha establecido.
Fuentes: Decreto Legislativo 1742, texto oficial · El Peruano · Infobae.
Imágenes: portada de Luis Enrique Saldaña / Ministerio de Defensa del Perú, bajo CC BY 2.0, recortada de una fotografía de marzo de 2020. Las imágenes interiores son fragmentos auténticos del decreto, con márgenes blancos para su presentación horizontal.
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