El acuerdo del agua con Israel que el Perú firmó en Jerusalén y sigue renovándose en silencio

El 18 de marzo de 2012, en plena gestión de Ollanta Humala, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) firmó un Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica para la Gestión de los Recursos Hídricos con MASHAV, la agencia de cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El documento, al que tuvo acceso este medio, fue suscrito en Jerusalén.

El lugar no es un detalle menor. El Perú, como la mayoría de países, no reconoce a Jerusalén como capital de Israel y mantiene su embajada en Tel Aviv. La parte oriental de la ciudad está ocupada desde 1967 según el derecho internacional. Firmar allí un acuerdo de Estado es exactamente el tipo de gesto que la diplomacia israelí busca para normalizar su control sobre la ciudad.

Lo que dice el documento

En el papel, el memorándum busca la "transferencia de tecnología" y la capacitación del personal de la ANA con "los conocimientos adquiridos por el Estado de Israel". Pero varias de sus cláusulas dejan al Perú en una posición incómoda.

El artículo II obliga a la ANA a prestar apoyo operativo a los expertos enviados por Israel "proporcionando toda la información necesaria" para cumplir el objetivo del acuerdo, además de instalaciones, infraestructura y personal. Hablamos de datos sobre cuencas, acuíferos y reservas de agua, uno de los recursos más estratégicos de cualquier país.

El artículo III establece que la cooperación "no es limitada" y puede cubrir "todas las áreas de conocimiento" en la gestión del agua.

El artículo VII es el más delicado. Todos los documentos que resulten del convenio son "propiedad conjunta" y no pueden publicarse "sin el consentimiento previo por escrito de ambas Partes". Toda información intercambiada es confidencial. En otras palabras, el Estado peruano necesita el permiso de Israel para hacer públicos estudios sobre su propia agua.

El acuerdo tampoco admite que un juez peruano resuelva conflictos. Cualquier controversia se arregla "amigablemente" por la vía diplomática. Y en caso de diferencias de interpretación, prevalece el texto en inglés.

Por último, el memorándum rige por cinco años y se renueva "automáticamente por períodos adicionales de cinco años". Si ningún gobierno lo denunció, se renovó en 2017 y en 2022 y seguiría vigente hasta 2027, ya bajo el mandato de Keiko Fujimori. Incluso si el Perú decidiera cancelarlo, los proyectos ya iniciados continuarían.

El modelo que Israel exporta

Israel se vende al mundo como una potencia del agua. Lo que no aparece en los folletos de cooperación es cómo construyó buena parte de ese poder. Amnistía Internacional documentó en su informe Troubled Waters que los palestinos de Cisjordania acceden a una fracción del agua que consumen los israelíes, cerca de cuatro veces menos por persona. Organizaciones como B'Tselem y Human Rights Watch han denunciado durante años la destrucción de pozos y cisternas palestinas y las restricciones para perforar nuevos. Mekorot, la empresa estatal israelí del agua, controla gran parte del suministro en los territorios ocupados.

Ese es el "conocimiento" que llega envuelto en programas de capacitación. MASHAV depende directamente de la Cancillería israelí y funciona como una herramienta de influencia política. La cooperación técnica abre puertas, construye aliados y, muchas veces, prepara el terreno para contratos.

En Argentina el camino fue parecido. Acuerdos de cooperación hídrica con Israel derivaron en convenios con Mekorot en varias provincias, lo que provocó protestas de organizaciones sociales y ambientalistas. Chubut terminó abandonando su acuerdo con la empresa.

Las preguntas sin respuesta

Catorce años después, el Estado peruano no ha explicado qué se hizo con este convenio. No se sabe qué información sobre el agua del país recibió Israel, qué estudios se elaboraron ni si alguno permanece oculto por la cláusula de confidencialidad. Tampoco se sabe si después de 2012 alguna empresa israelí obtuvo contratos vinculados a la gestión hídrica en el Perú.

Las dudas pesan más en un país donde el agua ya está en disputa. En regiones como Ica, la agroexportación sobreexplota los acuíferos mientras comunidades enteras dependen de cisternas. La pregunta es a quién benefició esta cooperación, si a los pequeños agricultores o a los grandes intereses que concentran el recurso.

El contexto político tampoco ayuda. Tras su victoria, el canciller israelí llamó a Keiko Fujimori para fortalecer la relación bilateral y la cooperación entre ambos países. Un gobierno alineado con Donald Trump y con Israel difícilmente revisará un acuerdo que nadie ha cuestionado en más de una década.

Mientras Israel sigue siendo acusado ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en Gaza, el Perú mantiene vigente un convenio firmado en una ciudad ocupada, que entrega información estratégica sobre su agua y que impide publicar los resultados sin la aprobación de Tel Aviv. El agua de los peruanos debería gestionarse con transparencia y soberanía, y no bajo cláusulas de confidencialidad con un Estado que ha hecho del control del agua un arma contra el pueblo palestino.

Fuentes: Memorándum de Entendimiento entre la ANA y MASHAV (18 de marzo de 2012), obtenido por este medio · Amnistía Internacional: Troubled Waters (2009) · Andina: el canciller de Israel felicita a Keiko Fujimori · JNS: la llamada de Gideon Sa'ar · iProfesional: los convenios de Mekorot en Argentina