Santiago Peña, el aliado de Keiko, termina destituido y detenido por la quiebra del Ueno Bank

Santiago Peña ya no es presidente de Paraguay. Este viernes 6 de noviembre el Senado lo destituyó por unanimidad por mal desempeño de funciones, y pocas horas después la Fiscalía ordenó su detención. La policía le notificó la orden en su casa de Asunción, donde deberá quedarse detenido hasta presentarse ante los fiscales este sábado a las 11 de la mañana.

Un día antes Peña había renunciado para evitar el juicio político. No le sirvió. El Congreso siguió adelante y lo sacó igual.

La orden lleva la firma de los fiscales Christian Benítez, Elena Fiore, Silvia González Vester y Ruth Benítez, de las unidades de Delitos Económicos y Anticorrupción y de Delitos Informáticos. La causa es la 92/2026, caratulada "Santiago Peña Palacios y otros sobre lesión de confianza y otros". Se le investiga por lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. En el mismo documento se ordena detener a Carlos Carvallo, el expresidente del Banco Central, que a diferencia de Peña deberá quedarse en una dependencia policial.

Su vicepresidente, el cartista Pedro Alliana, juró como nuevo presidente y gobernará hasta agosto de 2028.

El banco del presidente

Todo empezó con Ueno Bank, el banco digital del Grupo Vázquez. El 3 de noviembre el Banco Central lo intervino por graves problemas de solvencia, y casi tres millones de paraguayos se quedaron sin poder retirar su dinero, transferir ni usar sus tarjetas. Un corralito en un país de siete millones de habitantes.

Peña no era un espectador. En su declaración jurada de 2023 figuraban acciones de Ueno Holding por 6.144 millones de guaraníes, unos 820 mil dólares, además de un depósito a plazo de 2.400 millones de guaraníes en el mismo banco. Vendió las acciones en 2025, cuando el tema ya era incómodo. Su hermano sigue figurando como socio de U Holding, la sociedad que controla Ueno.

Hay más. Al llegar al gobierno, Peña nombró presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, el hombre que había presidido Ueno hasta agosto de 2023. Es decir, puso al exjefe del banco a vigilar al banco.

Durante su gobierno el dinero del Estado se fue a Ueno. Según Reuters, los depósitos públicos llegaron a unos 869 millones de dólares, el 29% de todo el banco. El Instituto de Previsión Social, que maneja las jubilaciones de los trabajadores, colocó allí cerca de 345 millones de dólares. En octubre, cuando la crisis ya se veía venir, Peña salió a decir que una investigación no significaba que el banco fuera a cerrar. Un mes después cerró.

Ocho directivos de Ueno ya están detenidos.

Las denuncias que nadie quiso investigar

Las alertas existían desde hace tiempo. En octubre de 2025 un grupo de legisladores de oposición, encabezado por el senador Rafael Filizzola, denunció a Peña ante la Fiscalía por cinco hechos. Lo acusaban de enriquecimiento ilícito, porque su patrimonio pasó de 1.351 millones a 23.024 millones de guaraníes entre 2017 y 2023, diecisiete veces más. También de lavado de dinero, tráfico de influencias por más de 29 contratos del IPS con empresas vinculadas a él, y de haber cambiado normas para facilitar depósitos en Ueno. Una exfuncionaria declaró sobre sobres con 200 mil dólares en la residencia presidencial, aunque la Contraloría luego descartó el enriquecimiento ilícito.

El fiscal que recibió la denuncia era el mismo que había pedido archivar las causas contra Horacio Cartes, el padrino político de Peña. Cartes fue sancionado por Estados Unidos en 2023 por "corrupción desenfrenada" y por pagar sobornos a legisladores. Peña lo defendió como un "perseguido político" y celebró cuando el gobierno de Donald Trump le levantó las sanciones. En su partido también está el senador Erico Galeano, condenado a 13 años por lavar dinero de la red del narco Sebastián Marset, a quien Peña defendió en su momento.

La conexión peruana

El 28 de julio Peña estaba en Lima. Viajó para la juramentación de Keiko Fujimori, se reunió con ella en Torre Tagle y ambos anunciaron que renovaban los "históricos vínculos bilaterales" entre Perú y Paraguay. Hablaron de la Alianza del Pacífico y de seguridad. Peña soltó una frase que hoy suena distinta. "El crimen organizado se combate con gobiernos organizados", dijo.

Los lazos venían de antes. Ueno Bank fue uno de los patrocinadores de la gala de la ultraderecha en Mar-a-Lago, el club de Donald Trump, donde Keiko se encontró con Fernando Cerimedo, el consultor argentino premiado esa noche como "Consultor Político Hispano del Año". Según El Búho y La Política Online, Cerimedo trabajó en la campaña de Keiko, algo que ella niega. El socio de Cerimedo es Andy Rivas, el asesor que acompañaba a Peña en sus delegaciones oficiales en Estados Unidos. Cerimedo está hoy en prisión preventiva en Bolivia por varias investigaciones.

La caída de Peña también trae ecos de la historia peruana. En noviembre del 2000 Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón y el Congreso rechazó su renuncia para declararlo en incapacidad moral permanente. Veintiséis años después, un aliado de su hija intenta la misma salida y el Congreso paraguayo hace lo mismo.

El otro espejo es Pedro Pablo Kuczynski. PPK cayó por los negocios de su consultora Westfield con Odebrecht mientras era ministro, renunció antes de ser vacado y terminó con detención domiciliaria. Peña tenía acciones en el banco que quebró, renunció antes de ser destituido y hoy está detenido en su casa.

Un análisis breve

Peña era el modelo que la derecha regional mostraba con orgullo. Javier Milei lo citaba como ejemplo de orden económico, Trump lo recibía como aliado y Keiko lo tuvo entre sus invitados de honor. Detrás del discurso de eficiencia había un presidente con intereses en un banco que manejaba la plata del Estado y las jubilaciones de los trabajadores, y un exbanquero de ese mismo banco a cargo de supervisarlo. Paraguay descubre ahora lo que el Perú ya conoce de memoria, que los conflictos de interés en el poder terminan pagándolos los ciudadanos.

Peña todavía no ha sido imputado formalmente y tiene derecho a defenderse. Pero tres millones de paraguayos siguen sin poder tocar su dinero.

¿Qué opinas?

¿Debería el gobierno de Keiko Fujimori pronunciarse sobre la caída de su aliado?

¿Crees que en el Perú un presidente con acciones en un banco quebrado terminaría detenido tan rápido?

¿Qué tan cerca está el Perú de vivir un caso como el de Ueno?

Te leo en los comentarios.

Fuentes: ABC Color · La Nación · La Jornada · El Tiempo · Nota anterior: Ueno Bank y la gala de Mar-a-Lago