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Trujillo, Virú y Chepén: Gobierno prolonga 60 días la emergencia desde hoy
La Policía conserva el control del orden interno con apoyo militar. El decreto mantiene restricciones a derechos y exige un informe final de resultados al concluir la prórroga.
Por Jesus Prospero
Desde este domingo 22 de noviembre, las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en La Libertad, continúan bajo estado de emergencia por otros 60 días calendario. El Gobierno publicó la prórroga el sábado 21 mediante el Decreto Supremo 154-2026-PCM.
La Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. La medida prolonga las restricciones a derechos constitucionales y dispone que, al finalizar este periodo, las autoridades operativas presenten un balance de resultados.
Qué cambia para la población
El artículo 2 mantiene el régimen de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales en las tres provincias. Su alcance importa tanto para quienes trabajan y se desplazan a diario como para quienes organizan actividades colectivas.
La intervención policial y militar debe sujetarse a las normas sobre uso de la fuerza citadas en el artículo 3. Este también remite al protocolo estatal para intervenciones, detenciones y retenciones de mujeres y personas en condición de vulnerabilidad.

El medio regional Macronorte también informó sobre la extensión y la continuidad del mando policial. La norma dispone que la PNP determine las zonas de intervención con información de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito, entre otras herramientas.
Otra extensión y un comando policial-militar
Los antecedentes del decreto recuerdan que la emergencia se declaró en marzo para Trujillo y Virú y se extendió a Chepén en mayo. Después hubo prórrogas para las tres provincias desde julio y septiembre. La decisión de este fin de semana prolonga, por tanto, un régimen de excepción que ya estaba vigente.
La disposición modificatoria también regula el Comando Unificado PNP-FFAA contra el Crimen Organizado como una fuerza de tareas temporal, funcional y focalizada. Su conducción operativa corresponde a la Policía, mientras las Fuerzas Armadas aportan inteligencia, soporte logístico, transporte, tecnología y despliegue territorial dentro del marco legal señalado.
El texto explica que la finalidad es continuar las acciones frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. Los considerandos citan dos informes policiales clasificados como reservados para sustentar la solicitud de prórroga. Esa referencia no permite conocer, a partir del decreto publicado, todos los datos que contienen dichos informes.
Qué resultados deben entregar
El artículo 4 obliga al Comando de Coordinación Operativa Unificada a presentar al titular del Ministerio del Interior, por medio de la Comandancia General de la PNP, un informe final que consolide los resultados obtenidos. El plazo es de cinco días hábiles después del término de la prórroga. El documento debe elevarse luego a la Presidencia de la República con recomendaciones.

La publicación de una nueva prórroga no demuestra por sí sola una reducción de la delincuencia. Evaluar su eficacia requiere contrastar resultados, el efecto sobre la seguridad cotidiana de la población y el respeto de los derechos durante las intervenciones. La obligación de entregar ese informe constituye un punto concreto para exigir rendición de cuentas al Ejecutivo.
El decreto fue suscrito el 20 de noviembre por Luis Galarreta, encargado del despacho presidencial, y los ministros que lo refrendan. Señala que cuenta con aprobación del Senado y del Consejo de Ministros. Las acciones se financiarán con los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados.
Fuentes: Decreto Supremo 154-2026-PCM, El Peruano · PDF oficial, páginas 22 a 24 · Macronorte, 21 de noviembre.
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