Fiscalía confirma que hubo crimen de lesa humanidad y lo archiva porque ya venció
Un fiscal admite que más de cuatro mil personas fueron esterilizadas sin consentimiento como política de Estado y, en el mismo documento, decide que el delito caducó como yogurt olvidado en la refri.
Por Jesus Prospero
En el Perú hay cosas que nunca vencen. La deuda con Saga, el tío que te pide prestado en cada pollada y las ganas de Keiko de arruinarnos la vida. Pero el crimen de lesa humanidad, según la Fiscalía, sí tiene fecha de caducidad.
El 22 de octubre, el fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas, de la Cuarta Fiscalía Supranacional de Derechos Humanos, archivó la investigación por las esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori. Lo hizo con la Ley 32107, esa joyita que impide juzgar como lesa humanidad cualquier crimen cometido antes de julio de 2002. Justo la época en que, oh casualidad, gobernaba el papá de la señora K.
Lo fino está en la letra chica. El propio fiscal reconoce que las operaciones se hicieron sin consentimiento, que fueron parte de un ataque sistemático contra civiles ejecutado como política de Estado y que califican como lesa humanidad. Lo admite todo y después lo archiva. Es como el árbitro que ve la mano, revisa el VAR, confirma que fue mano y cobra saque de arco.
Los números no tienen gracia. Son 4,172 víctimas por lesiones graves y cinco mujeres muertas, entre ellas María Mamérita Mestanza. En 1996 el Ministerio de Salud repartía cuotas de operaciones por región, como metas de venta de Herbalife, y armaba unos "Festivales de la Salud" cuyo nombre hoy suena a burla. En 1997 el ministro Marino Costa Bauer le reportaba a Fujimori 38,624 intervenciones solo hasta mayo. Una productividad que ya quisiera la Línea 2.
Entre los 52 beneficiados está Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y hoy senador fujimorista. La ley la presentó Fernando Rospigliosi y la dictaminó Martha Moyano en la Comisión de Constitución, ambos de Fuerza Popular. El partido escribe la ley, la ley salva al partido y el partido aplaude. Economía circular, que le dicen.
Ojo, que no todos se quedaron callados. En diciembre la Corte Suprema dijo que las esterilizaciones forzadas no prescriben y que esa ley no aplica. ¿La respuesta? La JNJ abrió una indagación contra los cinco jueces supremos que se atrevieron a decirlo. En este país al que investiga lo investigan, y al investigado lo hacen senador.
Las víctimas esperaron más de un cuarto de siglo para que alguien las escuchara. La Fiscalía las escuchó, les dio la razón y les dijo que ya era tarde. Tarde para ellas. Para Aguinaga, justo a tiempo.