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Renovación Popular denuncia constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por frenar la reelección encubierta de López Aliaga
Doce diputados de la bancada denunciaron constitucionalmente a Roberto Burneo por usurpación de funciones y abuso de autoridad. Su supuesto delito fue votar una resolución que impide a exalcaldes volver al sillón municipal como primeros regidores, el camino que eligió el líder de su partido.
Por Jesus Prospero
Renovación Popular ya no se conforma con criticar al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora quiere sacar del cargo a su presidente y verlo procesado. La bancada del partido en la Cámara de Diputados presentó una denuncia constitucional contra el juez supremo Roberto Burneo Bermejo, a quien acusa de usurpación de funciones y abuso de autoridad, además de infringir cuatro artículos de la Constitución. Pide que se autorice su procesamiento judicial, que se le destituya y que se le inhabilite para la función pública durante diez años.
El documento, fechado en Lima el 10 de noviembre y firmado digitalmente al día siguiente, lleva la firma de doce diputados. Entre ellos figuran Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Félix Chang, Javier Cipriani, Gustavo Segura, Carlos Yalta, Leo de Paz, Frank Krklec, Jorge Zeballos, Mady Yonz y Paola Martínez.
El "delito" fue un fallo
Lo que Renovación Popular presenta como una conducta criminal es, en realidad, el voto de Burneo en la Resolución 4557-2026-JNE. Esa decisión, aprobada por tres votos contra dos, establece que los alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores no pueden asumir la alcaldía en el periodo 2027-2030, ni siquiera por vacancia o ausencia del alcalde electo.
El Jurado llamó a esa maniobra por su nombre, una reelección encubierta. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, y lo que intentaban varios exburgomaestres era volver al mismo cargo por la puerta de atrás, inscribiéndose en el segundo lugar de la lista.
El caso más visible es el de Rafael López Aliaga. Dejó la Alcaldía de Lima en 2024 para postular a la presidencia y, tras perder, reapareció como primer regidor de la lista de Renovación Popular para las elecciones municipales del 4 de octubre. Con la resolución del JNE, quien asumiría la alcaldía de Lima sería la segunda regidora, Jeanette Alonzo.

La bancada sostiene que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades permite que el primer regidor reemplace al alcalde y que el JNE habría "legislado" al crear una restricción que la ley no contempla, según explicó su vocera, Roxana Rocha, a Infobae. Es un argumento discutible que podía debatirse por la vía jurídica, pero la bancada prefirió convertirlo en una acusación penal contra el magistrado que votó en su contra.
Un solo blanco
La resolución la aprobaron tres miembros del pleno, Roberto Burneo, Gunther Gonzales y Rubén Torres, según RPP. La denuncia apunta solo contra uno de ellos. No es casualidad. Burneo es el mismo magistrado al que López Aliaga increpó públicamente días antes con una advertencia directa, "usted va a terminar en la cárcel", y al que acusó de ser "cómplice de una mafia corrupta", según Infobae.
La denuncia llega, además, mientras el partido mantiene abiertas otras dos vías. Ya presentó un recurso de reconsideración ante el propio JNE y anunció que, si no prospera, acudirá a una acción de amparo. La acusación constitucional aparece así como una herramienta de presión política sobre el árbitro electoral, en paralelo a los caminos legales que el partido ya está recorriendo.
El artículo 181 de la Constitución es claro en que las resoluciones del JNE en materia electoral se dictan en instancia final y definitiva, y no son revisables. Abrir un proceso penal contra un juez por el contenido de uno de esos fallos sienta un precedente peligroso, porque cualquier partido con votos suficientes en el Congreso podría castigar a los magistrados que decidan en su contra.
No era solo Lima
La decisión del JNE no fue hecha a la medida de nadie. Alcanza a todos los exalcaldes que buscaron volver por la vía del primer regidor. Según la propia resolución, 153 alcaldes elegidos en 2022 se inscribieron como primeros regidores, y en 76 de esos casos sus listas compitieron sin un candidato hábil a la alcaldía, recogió La República. Es decir, la figura de la reelección encubierta se había extendido por todo el país.
Renovación Popular solo reaccionó con esta fuerza cuando el afectado fue su líder. La presión, además, no viene solo del Congreso. Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia salió a decir que el JNE "debe ser íntegramente reformado" tras conocerse el fallo, según La República.
La denuncia deberá ser evaluada por la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados. Lo que está en juego va más allá de quién se sienta en el sillón municipal de Lima. Se trata de si un partido puede usar su bancada para perseguir a los jueces electorales que no le dan la razón.
Lee también: López Aliaga amenaza con cárcel al presidente del JNE tras quedarse sin la alcaldía de Lima.
Fuentes: Denuncia constitucional de la bancada de Renovación Popular · Infobae · El Comercio · Caretas · RPP · La República · Infobae: amenaza de López Aliaga.
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